El reciente tornado que azotó Puerto Varas con vientos de hasta 178 kilómetros por hora ha vuelto a poner sobre la mesa una inquietante pregunta: ¿está Chile preparado para enfrentar estos fenómenos meteorológicos extremos? Para el profesor Ricardo Barra, académico del Magíster de Ciencias Regionales y experto en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, la respuesta es clara: no lo estamos. Y, lo que es más preocupante, la ocurrencia de tornados podría dejar de ser una rareza.

En entrevista exclusiva, el profesor Barra señaló que los tornados no son un fenómeno nuevo en el país. “En 1934 hubo un tornado en Concepción que mató a 37 personas. En 2019, también en Concepción. Ahora fue Puerto Varas. Entonces, ¿hay tornados en Chile? Sí. ¿Son frecuentes? No. Pero la frecuencia e intensidad están empezando a aumentar. Y eso puede estar relacionado con el cambio climático”, advierte.

Cambio climático y tornados: ¿cuál es la relación?

Aunque advierte que el cambio climático no se puede confundir con simples variaciones meteorológicas, Barra explica que los patrones climáticos históricos están cambiando a raíz del calentamiento global. “Hay una mayor inestabilidad atmosférica. Y los tornados ocurren en periodos de alta inestabilidad”, afirma.

Según el académico, fenómenos como lluvias intensas en cortos periodos, olas de calor, y ahora tornados, están aumentando en frecuencia debido a un sistema atmosférico global tensionado por los gases de efecto invernadero. “En zonas donde antes llovía poco, ahora llueve más y con mayor violencia. La isoterma cero está subiendo, lo que hace que nieve caiga como agua líquida. Eso genera crecidas e inundaciones más destructivas”, explica.

Una infraestructura vulnerable

Frente a estos nuevos desafíos, el país sigue con una infraestructura que no ha sido diseñada para enfrentar tornados. “Hoy vemos techos de zinc volando como cuchillos. Nuestras viviendas comunes y corrientes no están preparadas para soportar este tipo de fenómenos”, alerta Barra. Y agrega que, tal como se avanzó en normativa antisísmica tras los terremotos, Chile deberá ahora comenzar a pensar en infraestructuras resilientes a eventos extremos meteorológicos.

“No podemos evitar que ocurran tornados, pero sí podemos construir de manera más segura. Eso implica nuevos materiales, nuevas formas constructivas y planificación urbana basada en riesgo”, comenta.

El profesor también llama a considerar el elevado costo de no actuar. “Los eventos extremos del año 2023 costaron del orden de US $ 3,000 millones de dólares. Con esa plata podríamos haber construido más de 15 hospitales o financiado becas educativas. La inacción es cara”, dice. Y recuerda ejemplos internacionales, como el reciente deslizamiento en Suiza que arrasó un pueblo entero, pero cuya población fue evacuada a tiempo gracias a sistemas de alerta que en Chile aún no existen para estos casos.

¿Y ahora qué?

Barra considera que el país tiene la oportunidad de cambiar su enfoque reactivo por uno preventivo. “Tenemos una Ley de Cambio Climático que fija metas al 2050, pero debemos aterrizarla con planes concretos a nivel regional y comunal. SENAPRED debería liderar mesas de trabajo interdisciplinarias donde estén ingenieros, climatólogos, universidades y comunidades”, propone.

A modo de ejemplo, menciona que ciudades como Oklahoma, en Estados Unidos, adoptaron sus infraestructuras para minimizar los daños de tornados. “En zonas de alto impacto, se regula el tipo de construcción que se permite. Chile debe comenzar a identificar estas zonas y preparar su territorio para lo que viene”.

Porque, según el experto, lo que viene es claro: “En este nuevo escenario climático, probablemente no tendremos un tornado por siglo, sino uno por año. Y si no actuamos ahora, los costos humanos, sociales y económicos serán mucho más altos de lo que estamos dispuestos a asumir”.

La advertencia del profesor Ricardo Barra es un llamado urgente: Chile debe empezar a prepararse hoy para un clima más extremo y menos predecible. De lo contrario, el país seguirá pagando —con infraestructura, vidas humanas y recursos públicos— el alto precio de la inacción.

Por Antonio Alcayaga